CIUDAD DE MÉXICO.- El sorpresivo y unilateral regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, tras 112 días de licencia, provocó una inédita ruptura al interior de Morena y un inmediato cerco político liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reforzado por 23 gobernadores y líderes parlamentarios.
La mandataria federal marcó una estricta línea institucional al revelar que se enteró de la reincorporación del político sinaloense únicamente a través de una publicación en redes sociales, confirmando que su retorno no fue consensuado ni contó con el aval de la dirigencia del partido ni del Ejecutivo Federal, quienes catalogaron el acto como una decisión estrictamente personal.
Ante este desafío a la autoridad central, el oficialismo respondió con una demostración de cohesión y disciplina total en torno a la jefa del Estado.
En una acción coordinada para aislar políticamente a Rocha Moya, un bloque de 23 gobernadoras, gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México alineados a la Cuarta Transformación emitieron un enérgico pronunciamiento conjunto en el que cerraron filas de manera categórica con Sheinbaum Pardo.
El bloque oficialista lanzó una dura amonestación pública al mandatario sinaloense exigiéndole “madurez y responsabilidad política”, al tiempo que sentenciaron que las determinaciones individuales, los personalismos o las decisiones de facción no tienen cabida cuando se contraponen al proyecto colectivo y al mandato ético de la nación.
Esta postura de la cúpula de gobernadores fijó una frontera clara dentro del movimiento: se prioriza la lealtad al liderazgo presidencial y al orden constitucional por encima de cualquier interés particular.
La fractura se profundizó debido a que el regreso de Rocha Moya ocurre mientras sigue bajo la lupa internacional por acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a presuntos nexos con el crimen organizado.
Siguiendo la directriz impuesta por la presidenta, tanto las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados como en el Senado se deslindaron por completo, e incluso figuras de alto perfil legislativo lo exhortaron a reconsiderar su postura y solicitar licencia formal nuevamente para evitar tensionar la agenda exterior y entorpecer los canales diplomáticos.
De forma paralela, el aparato gubernamental dejó en claro que la reincorporación al Palacio de Gobierno en Culiacán no le otorga inmunidad política frente a las instituciones de justicia locales; la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes y abiertas las carpetas de investigación correspondientes contra él y otros funcionarios de su administración, marcando un hito en el que el propio partido en el poder retira el manto de protección política a uno de sus militantes para salvaguardar la integridad ética y la soberanía del Estado mexicano.
