CIUDAD DE MÉXICO.-  La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, fue blanco de duros y frontales cuestionamientos por parte de consejeros electorales y representantes de partidos políticos, por sus vínculos personales con un proveedor favorecido varias veces por el instituto.

La confrontación escaló a raíz de las recientes investigaciones periodísticas de Reforma que exponen una presunta red de corrupción, conflictos de interés con proveedores, el desvío de recursos públicos para personal privado y las polémicas designaciones directas derivadas de sus facultades extraordinarias.

El bloque de consejeros independientes arremetió severamente contra la gestión de la presidenta, advirtiendo que la reciente concentración de facultades unipersonales —bautizada internamente como el “maxipoder” de Taddei— ha propiciado un ecosistema opaco e irregular dentro del árbitro electoral.

Consejeras como Carla Humphrey expresaron que este esquema merma la corresponsabilidad del órgano colegiado, ya que anteriormente las designaciones técnicas requerían de una mayoría calificada y un debate público estructurado.

Ahora, alertó Humphrey, los funcionarios responden únicamente a las instrucciones de una sola persona, minando la rendición de cuentas institucional.

El cuestionamiento se tornó aún más tajante cuando el consejero Arturo Castillo aseveró de forma pública que la información revelada genera graves suspicacias que demeritan la confianza ciudadana, llamando explícitamente a Taddei Zavala a evaluar con urgencia si su permanencia en el cargo está justificada ante una crisis de tal envergadura.

A la presión técnica de las consejerías se sumó la ofensiva política de la oposición en el Consejo General. El representante del partido SOMOS, Marco Antonio Baños, exigió formalmente que la consejera presidenta se separe de su cargo de manera temporal a fin de salvaguardar la imparcialidad del instituto y permitir que se investiguen a fondo las anomalías en las contrataciones de materiales electorales.

La controversia escaló al detallarse nexos directos con empresarios del conglomerado de insumos electorales, de los cuales destaca José Alfredo Hernández Casillas, además de revelaciones sobre presuntos prestanombres colocados en puestos de alto nivel, como el caso del exgestor del mercado electoral Octavio García, nombrado previamente como titular de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Asimismo, la oposición increpó el uso de recursos institucionales para costear el salario de su chofer personal —registrado con un sueldo mensual de 70 mil pesos bajo la figura de “asistente especializado”— y de su cocinero privado, junto con el uso discrecional de vehículos blindados ajenos al parque vehicular del órgano.

Ante la dureza de los embates y el reclamo unificado de transparencia, Guadalupe Taddei rechazó categóricamente ceder a las presiones o abandonar la presidencia del INE.

En una tensa comparecencia, la funcionaria sostuvo que las acusaciones constituyen una campaña de desestabilización orquestada por los partidos políticos con miras a debilitar las elecciones en curso.

Si bien anunció la presentación de un micrositio de licitaciones públicas y una solicitud formal al Órgano Interno de Control (OIC) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revisen su administración, la presidenta esquivó responder preguntas directas de la prensa para esclarecer los señalamientos de su nómina.

El choque dentro del salón de sesiones evidenció una profunda fractura en la cúpula del INE, donde el bloque mayoritario de consejeros mantiene su exigencia de fiscalización exhaustiva, advirtiendo que la legitimidad del árbitro electoral no puede quedar supeditada a las sospechas de corrupción que hoy envuelven a su presidencia.