GUANAJUATO, GTO.-  Como la ley lo permite ellos lo avalan, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción defendieron la adjudicación directa que hizo el Gobierno del Estado de la obra del Libramiento Silao al Grupo México, pero recomendaron al gober Miguel Márquez, que permita que una organización o universidad revise el proceso.

Los cinco integrantes del Comité de Participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acordaron hacer dos recomendaciones: una al Gobierno del Estado y otra al Poder Legislativo, pero son no vinculantes, o sea que las instituciones no están obligadas a cumplirlas.

Al Gobierno del Estado le piden que permitan que un tercero revise todo el proceso, como para que no quede duda que todo está en el marco de la ley y al Poder Legislativo que reforme la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado.

“Derivado del análisis de los documentos disponibles de la mencionada concesión y reconociendo que no se trata de un comité experto en materia de concesiones podemos observar que el procedimiento cumple con la ley, que debe tomarse en cuenta que el acto se ampara en la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato y por lo tanto no se contemplan los principios de transparencia, gobierno abierto, máxima publicidad y contrataciones abiertas”, detalló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Arminda Balbuena Cisneros.

Concretamente al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato se le pide que analice, revise y modifique en su caso la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado adecuándola y actualizándola a los estándares de contrataciones abiertas y transparencia.

Al Ejecutivo estatal que a través de Consejo Consultivo de Concesiones acepte la revisión del proceso por un tercero, organización de la sociedad civil o alguna universidad pública, sin perjuicio de la fiscalización que puedan realizar las instancias competentes integrantes del Comité Coordinador.

Ambos poderes tienen 15 días hábiles para responder su aceptan las recomendaciones y si no lo hacen deben fundar y motivar el porqué de la negativa.

“Confiamos que ambos poderes van a aceptar estas recomendaciones, obviamente se trata estas recomendaciones no vinculantes así lo establece la ley, el Comité Coordinador sigue trabajando en el ámbito de su competencia de hecho…creo que hay apertura de los poderes, el propio Ejecutivo ha manifestado que no tiene problema que el proceso se abriera a revisión por parte de un tercero”, consideró Balbuena Cisneros.