LEÓN, GTO.- Por tercera ocasión, el proceso de reestructura a la administración pública centralizada que se llevó a cabo en el trienio de la priista Bárbara Botello Santibáñez, se ratificó por juez que no existieron irregularidades.

Con ello se determina que no hay elementos para fincar responsabilidad penal contra personal de la pasada administración, por la actualización del salario en las dependencias gubernamentales, “pues no existen pruebas de algún desfalco o lesión en el patrimonio municipal”, informó el periódico Correo.

En el primer semestre de 2016, la Contraloría municipal presentó una denuncia contra el director de Desarrollo Institucional, José Guadalupe Pedroza Cobián y la consultora Austria Gabriela Morales Rodríguez, por la presunta erogación de 1.2 millones de pesos para cubrir la elaboración de los diagnósticos y estudios que sustentaron la reestructura, pero que presuntamente no se realizaron”, indicó el medio impreso.

En noviembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó el expediente a un Juzgado Penal por el delito de fraude, “pero el juez se negó a girar una orden de aprehensión contra los imputados, al considerar que no había elementos para ordenar su captura”.

Ante ello, la autoridad ministerial apeló para el caso fuera revisado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, instancia que ratificó que no existen pruebas de daño al erario, esto a inicios del año.

FUENTE: periodicocorreo.com.mx