MÉXICO, D.F.- “Lo que vemos hoy en México nos recuerda lo ocurrido durante la dictadura de Pinochet”, así expresaron diputados chilenos en su visita al país la semana pasada para buscar la liberación de Laurence Maxwell, detenido en la manifestación del 20 de noviembre en el Zócalo.

Lo anterior fue resaltado por la diputada federal del PT, Lilia Aguilar, en la tribuna de San Lázaro luego de que el PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.

Como un balde de agua fría, PRI y PAN rescataron el dictamen sobre “movilidad social” y lo pusieron a votación con el ya sabido resultado.

“¿Qué derechos estamos violentando como para que se presente esta iniciativa? ¿Por qué la urgencia?, ¿Por qué en este momento?”, preguntó la petista sobre la “ley antimarchas” y advirtió que los priistas y sus aliados “están abriendo una caja de Pandora. La pradera está seca y ustedes no sólo le echan gasolina sino que están prendiendo un cerillo”, les dijo.

De su lado, la zacatecana del PRD, Amalia García alertó que “es sumamente peligroso que se coarten las libertades y los derechos políticos”.

Los artículos que se reforman son el 11 y el 73.

El 11 señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes -añadiéndose que- el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

Subraya que el ejercicio de estos derechos estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general.

Y el artículo 73 dicta que el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.

Una vez que pasó en San Lázaro, la ley fue turnada al Senado para ser discutida y aprobada. Posteriormente tiene que ser avalada por al menos 17 congresos locales y después de 180 días crear la Ley General de Movilidad.

Lilia Aguilar, vicecoordinadora del PT en San Lázaro.