GUANAJUATO, GTO.- La iniciativa de ley de movilidad que turnó el gobernador Miguel Márquez al Congreso del Estado contempla de un mes a cuatro años de cárcel a quienes realicen el servicio de taxi de transporte ejecutivo sin contar con los permisos estatales.
Así se establece en el capítulo IV sobre delitos en materia de transporte público, artículo 235 bis.
“A quien dolosamente, por si o por interpósita persona. Preste u ofrezca el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija (taxi) o el servicio de transporte especial ejecutivo, son contar con la concesión o el permiso expedido por la autoridad competente, se le impondrá de un mes a cuatro años de presión y de diez a cincuenta días multa”.
Esta penalización fue considerada un exceso por parte de la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Bety Manrique.
“Me parece que incluir el tema penal es un exceso, el día de hoy, quien preste un servicio público sin tener las autorizaciones, me parece que es correcto que se sujete a una sanción de carácter administrativa, se le recoge el coche, se le impone una multa, lo que tu quieras, pero de eso, a llevar el tema al ámbito penal, me parece que es demasiado”, dijo la diputada Manrique.
Por su parte el diputado panista y presidente da la Comisión de Seguridad y Transporte, Juan Carlos Muñoz, evadió el tema de las sanciones penales al señalar que este tema en particular se tendrá que legislar desde otro ámbito.
Yo creo que hay temas que son de otra competencia, que no tendrán que estar integrados aquí y que le permitan una flexibilidad mucho mayor, yo creo que eso es lo que se busca, definitivamente las sanciones tendrán que, corresponden a otro ámbito y pues bueno, se tendrán que legislar desde otro ámbito no”.
Finalmente Juan Carlos Muñoz dijo que está ley no fue creada para beneficiar o afectar a UBER.