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POLICÍAS DE SILAO SÍ GOLPEARON AL PERIODISTA CARLOS GARCÍA, DETERMINA DERECHOS HUMANOS

SILAO, GTO.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó que cuatro elementos de la Policía de Silao sí golpearon al ciudadano y también periodista Carlos García Balandrán, luego de salir de un evento del Parque Bicentenario la madrugada del 21 de julio. 

También determinó que cinco elementos de la Policía de León y tres de Guanajuato capital, fueron omisos y faltos de diligencia, al presenciar las agresiones durante un operativo mixto.

En el expediente 213/19-A la Procuraduría de los Derechos Humanos hace una primera recomendación al alcalde panista de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, para que instruya a su director de Policía para que ofrezca una disculpa pública por escrito al afectado.

En esa disculpa el director de Policía  debe reconocer “la responsabilidad institucional en los hechos (…) así como otorgar garantías efectivas de no repetición respecto de la Violación del Derecho a la Integridad Física y Seguridad Personal”. 

Una segunda recomendación determina iniciar un procedimiento administrativo contra los siguientes policías: David Saúl Martínez Cruz, Karla Mariana Mexicano Silva, Martín Martínez Pérez, y José Cecilio Negrete Vargas. 

Lo anterior “respecto de la Violación del Derecho a la Integridad Física y Seguridad Personal” de Carlos García. 

En un tercer punto, el procurador José Raúl Montero de Alba recomendó al alcalde de Silao, Antonio Trejo, reparar los gastos médicos generados por los golpes que sus policías le dieron a Carlos García. 

Una cuarta recomendación indica que el Gobierno de Silao deberá diseñar e impartir un curso para evitar que sus policías golpeen a las personas que detienen. 

Un par de recomendaciones más son dirigidas tanto al alcalde de León, Héctor López Santillana, y al de Guanajuato, Alejandro Navarro, para que inicien procedimientos administrativos contra los elementos que presenciaron las agresiones contra Carlos García, pero no hicieron nada por detenerlas. 

Los tres alcaldes tienen cinco días hábiles para informar si aceptan o no las recomendaciones y 15 días naturales para dar cumplimiento.  

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