SILAO, GTO.- El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas documentó 145 agresiones y cuatro homicidios contra periodistas en Guanajuato desde 2019, con Irapuato como el municipio de mayor riesgo con 48 casos.

En respuesta, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa reformas para castigar con hasta seis años de prisión a los agresores, elevando la pena en un 50% si son servidores públicos, mientras se mantienen 50 medidas de protección activas, principalmente para comunicadores y activistas.

Estos datos fueron vertidos en el informe anual de dicho consejo, en el que además se presentó un Atlas de Riesgo inédito en el que se visibiliza las llamadas “zonas de silencio” de alto riesgo.

El objetivo de este mapa es cambiar el enfoque gubernamental de uno reactivo a uno puramente preventivo.

Y es que  se registraron 219 agresiones desde el año 2019 hasta la fecha: 145 agresiones fueron dirigidas contra periodistas y 61 contra defensores de derechos humanos.

Adema1s, se tienen documentados 22 homicidios vinculados a estas actividades, de los cuales 4 corresponden estrictamente a periodistas.

Los ataques se concentraron en 26 de los 46 municipios del estado. Irapuato encabeza la lista con la mayor incidencia (48 casos), catalogándose como una región de monitoreo prioritario.

Las amenazas lideran la lista con 83 casos, seguidas por agresiones físicas (21), intimidación (19) y riesgos derivados de su labor (18).

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reportó el que actualmente hay 50 personas bajo medidas de protección activas (34 periodistas y 16 defensores de derechos humanos, entre ellos 13 madres buscadoras).

Agrego1 que se han distribuido 132 números de emergencia, 105 esquemas de rondines domiciliarios, 40 vigilancias fijas en viviendas y 29 servicios de escoltas. Tan solo en el último año se emitieron 87 nuevas medidas de protección.

Para endurecer los castigos y blindar legalmente el ejercicio, la gobernadora Libia García exhortó al Congreso local a acelerar la aprobación de dos propuestas clave:  Una reforma C¿constitucional (Artículo 1º) para otorgar oficialmente el estatus legal de “Personas Defensoras de Derechos Humanos” a las madres buscadoras y garantizar la protección de la labor informativa.

Además de cambios al Código Penal para implementar penas de hasta seis años de prisión para quienes agredan a periodistas o activistas. Si la agresión es cometida por un servidor público, la pena se incrementará en un 50% y conllevará la inhabilitación inmediata de su cargo.