
GUANAJAUTO, GTO.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González formularon un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a revisar las nuevas restricciones aplicables a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, y suspender su aplicación mientras se analiza su legalidad y alcance.
La propuesta también busca que el Instituto publique un diagnóstico actuarial, financiero y operativo antes de implementar cambios, así como fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir irregularidades sin afectar los derechos de las personas aseguradas.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que la seguridad social constituye un derecho y que las modificaciones a las condiciones de acceso a una pensión deben sustentarse en criterios jurídicos y técnicos suficientes, con respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y certeza.
Indicó que el acuerdo establece restricciones relacionadas con el salario base de cotización y la fecha de incorporación, aspectos que requieren una revisión frente a lo previsto en la legislación vigente.
Esquivel Arrona planteó que antes de implementar nuevas medidas que modifiquen las condiciones de acceso y permanencia en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, el Instituto realice y publique un diagnóstico actuarial, financiero y operativo que permita conocer la situación de este esquema y su impacto en las finanzas institucionales
Además, destacó que, si bien es necesario combatir posibles fraudes, simulaciones o alteraciones en los registros de aseguramiento, las medidas de fiscalización deben dirigirse a las conductas irregulares y a quienes resulten responsables, sin afectar de manera general a No. 0922 las personas que han cumplido con sus obligaciones.
Finalmente, la congresista enfatizó que cualquier modificación futura debe identificar el problema que busca resolver, justificar su fundamento legal y evaluar sus posibles efectos sobre las personas aseguradas, particularmente aquellas próximas al retiro.
La propuesta plantea exhortar al Consejo Técnico y a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que suspendan la aplicación de las medidas restrictivas establecidas mediante el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2026, en tanto se realiza una revisión integral de su legalidad, fundamento competencial y compatibilidad con las condiciones establecidas en la Ley del Seguro Social y sus disposiciones reglamentarias para acceder y permanecer en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, particularmente respecto del salario base de cotización, fecha de incorporación y demás elementos que incidan en el ejercicio de esta modalidad de aseguramiento; y para que antes de adoptar o implementar cualquier nueva medida que modifique las condiciones de acceso, permanencia, cotización o ejercicio de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, concluyan y hagan público un diagnóstico actuarial, financiero y operativo que permita determinar objetivamente la situación de esta modalidad y su incidencia en las finanzas de la institución.
Así también al Instituto Mexicano del Seguro Social para que fortalezca los mecanismos de supervisión, trazabilidad, fiscalización y control aplicables a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, particularmente los destinados a verificar la autenticidad y consistencia de la información utilizada para la incorporación, determinación del salario base de cotización y reconocimiento de periodos de aseguramiento; identificar patrones atípicos o conductas de riesgo; asegurar la trazabilidad de los movimientos realizados; y prevenir la intervención irregular de intermediarios o gestores; y por último, al Consejo Técnico y a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que cualquier futura modificación de carácter general a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio se sustente previamente en una justificación jurídica, actuarial, financiera y operativa suficiente, en la que se identifiquen con precisión el problema que se pretende corregir, su magnitud y causas; la disposición legal que habilita cada medida; la población potencialmente afectada; sus efectos sobre derechos y situaciones jurídicas constituidas conforme a la normativa vigente; las alternativas regulatorias disponibles y las razones para seleccionar la medida propuesta.
La propuesta se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.