MÉXICO, D.F.- En el estira y afloja, pero sin tantos rodeos, el Senado aprobó la Ley General de Transparencia con 110 votos, que según legisladores del PT, PAN y PRD favorece el ocultamiento de datos sensibles para la ciudadanía.

Esta ley polémica desde que era una iniciativa presentada por el gobierno del preciso priista, estipula incluir como sujetos obligados de transparencia a los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como personas físicas o morales que reciban recursos públicos.

Además señala unas 50 obligaciones de transparencia, entre ellas informar sobre directorio de servidores públicos, su remuneración, resultados de sus evaluaciones de desempeño.

Y ojo aquí banda, pues la nueva ley mantienen las mismas restricciones de hoy: por ejemplo se obliga la publicidad de las declaraciones patrimoniales, siempre y cuando así lo determinen los propios servidores públicos de forma voluntaria.

Además el IFAI no podrá determinar la apertura de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o la posibilidad de que los sujetos obligados justifiquen la reserva de información con el argumento de que ésta atenta contra la seguridad nacional o la seguridad pública.

El problema que preocupa a organizaciones de la sociedad civil no es que exista la reserva sobre temas delicados para la seguridad de los mexicanos, sino que este sirva de pretexto para ocultar datos que sean de interés público.