HERMOSILLO, SONORA.- Elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) detuvieron, afuera de un centro comercial, al administrador del Rancho Pozo Nuevo, propiedad del exgobernador Guillermo Padrés Elías, transportando más de 3 millones 500 mil pesos de los que no pudo explicar su legal procedencia.

Rodolfo Montes de Oca Mena, procurador General de Justicia del Estado (PGJE), informó en conferencia de prensa que tras la aprehensión de Luis Aristiga López Moreno la noche del viernes, el exmandatario y otros de sus familiares serán investigados para determinar su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

En conferencia de prensa, el fiscal informó que López Moreno fue detenido afuera de un centro comercial, el viernes a las 19:00 horas, tras un intenso trabajo de inteligencia.

Al momento de ser detenido tripulaba un vehículo de la marca Honda línea Accord color café en cuyo interior transportaba el dinero.

El inculpado manifestó ser médico veterinario zootecnista, empleado y administrador de algunos negocios propiedad de los señores Guillermo y Miguel Padrés Elías, entre los cuales se encuentra el Rancho Pozo Nuevo, feudo de 3 mil 670 hectáreas a 5 kilómetros de Bacanuchi, municipio de Arizpe, Sonora.

Añadió que la detención de López Moreno se basó en el Artículo 329 del Código Penal del estado que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le podría imponer de cinco a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa. Al ser un delito grave, no alcanza fianza.

El inculpado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en donde se integra la averiguación previa correspondiente por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

En los términos en que evolucione la presente indagatoria se analizará la posibilidad de dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) por conductas que puedan ser materia de la competencia de la autoridad federal, dijo el fiscal sonorense.

Esta propiedad de la familia Padrés ha sido noticia durante el último año por la construcción de una presa y obras hidráulicas secundarias sin permisos de las autoridades federales, por lo cual la familia se hizo acreedora a multas tanto de la Profepa como de Conagua.

En tanto, habitantes de la comunidad de Bacanuchi se quejaron de que estas obras hidráulicas construidas para el riego de 300 hectáreas de nogal los habían dejado sin agua para consumo humano.

El 30 de enero pasado, la Conagua notificó a los propietarios del rancho Pozo Nuevo que tenían un plazo de 10 días hábiles para remover todas las obras que están sobre el cauce federal arroyo El Manzanar, afluente del Río Sonora, y le aplicó una multa de 4 millones 37 mil pesos.