GUANAJUATO, GTO.- El pleno del Congreso aprobó la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior al Sistema Integral de Aseo Público, con lo que se aprueba denunciar civil y administrativamente a ex funcionarios del gobierno de León, por causar daño al erario público por al menos 133 mil 917 pesos.
El dictamen fue aprobado por la mayoría de los diputados, con las abstenciones de las diputadas del PVEM, Bety Manrique Guevara y María Soledad Ledezma Constantino, quienes formaron parte del gobierno de León 2012 – 2015.
En el dictamen se establecen 10 observaciones en las que se detallan responsabilidades en contra de quienes integraron el Consejo Consultivo del SIAP, principalmente su presidente Otto Portugal, así como en contra de quien fuera el director del sistema, Norberto Origel Camacho, e incluso contra el ex director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández Moreno.
La primer observación detalla que se llevó a cabo la contratación de la prestación de los servicios públicos de limpia en relación con la recolección, separación, clasificación, traslado y depósito de residuos sólidos urbanos y limpieza de área de uso común (cuadrillas), mediante el proceso de una adjudicación directa, en lugar de proponer al Ayuntamiento la autorización de la concesión.
En la segunda se señala que dentro del proceso de adjudicación directa de los servicios públicos de limpia, se observó que no se cuenta con lineamientos que deban servir de referencia, en el caso de licitación para presentar el servicio de limpia, bajo el régimen de concesión.
Se observó también que en la contratación de los servicios de limpia no se llevaron acabo los procesos de planeación, programación y presupuestación, toda vez que la contratación fue autorizada los días 17 y 20 de diciembre de 2013, no obstante que se tenía el conocimiento de que la vigencia de los contratos de los anteriores prestadores del servicio, concluía el 31 del mismo mes y año.
También se detectó la adjudicación directa para cuadrillas, mediante la suscripción de 20 contratos celebrados con cuatro empresas, sin que se advierta acreditada la casual de excepción a la licitación pública.
Se observó además que los 20 contratos se firmaron con una vigencia de del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016 con lo que se comprometieron recursos de ejercicios fiscales subsecuentes, sin la autorización del Ayuntamiento.
De igual manera, durante el periodo de enero a junio de 2014, se observaron pagos por la prestación del servicio público de limpia, sin citar con suficiencia presupuestar por el importe detallado.
Se detectó que mensualmente se registró en la contabilidad el gasto en el momento del pago y no cuando se da la recepción de los servicios contratados; por lo que, en consecuencia, se omite registrar el pasivo correspondiente.
Se observó que el director general del SIAP concedió cuatro meses de prorroga adicional, a los tres originalmente convenidos, para la adquisición de vehículos con las características requeridas para la prestación del servicio de limpia, por lo que se incumplió con lo estipulado en cláusula en el sentido de que en caso de que el prestador del servicio no contara con los vehículos de acuerdo a las características pactadas tendría un plazo de tres meses para poder dar cumplimiento a la cláusula.
Se encontraron omisiones en iniciar el procedimiento sancionatorio al detectarse empresas en las cuales sus trabajadores ya se encontraban laborando previo a estar inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de trabajadores no inscritos en el mismo.
Por lo que se dejó de percibir ingresos por concepto de sanciones.
Y, finalmente, se encontró que las cuadrillas no contaron con el equipo de trabajo que se estableció en los contratos y en cuatro casos no mantuvieron los vehículos en perfecto estado.