LEÓN, GTO.- La noche de este lunes comenzó en las calles de León una auténtica guerra sucia.

Sí, el PAN le disputa al PRI y el PVEM el manejo de los desperdicios del millón y medio de carnales que habitamos en esta ciudad.

Y cómo no, si al año la recolección y el confinamiento de la basura le cuesta al municipio 89 millones de varos.

La onda está así: hasta este lunes, seis familias concentraban más del 60% de las rutas de los camiones recolectores de basura (118)  y definían los destinos económicos de 272 de los 500 valedores que todos los días se encargan de recoger la basura.

La familia Reyes (cualquier relación con Los Reyes de la película El Infierno es mera coincidencia) es dueña de 24 rutas y recibía del municipio 17.4 millones de pesos al año; los Manrique, con 13 rutas, se embolsaban 10 millones de varos; los Arroyo, también con 13 rutas, 9.9 millones; los Castillo con 12 rutas, 9.3 millones; y los Ornelas con seis rutas 4.2 millones.

A poco más de un año se su arribo al poder, Bárbara Botello decide no renovar las concesiones a estas familias y a otros operadores en pequeño, con el objetivo de dar un mejor servicio a la ciudad.

Anuncia que hará el cambio mediante una licitación nacional, en la que cualquier empresa que tenga experiencia en estas ondas va a poder hacerle una propuesta al municipio pa quedarse con la chamba.

Mientras se licitaba ese asunto, el municipio tenía planeado ampliar el contrato con los actuales concesionarios por un  plazo de tres meses, que es lo que podría tardar la elección de la nueva o las nuevas empresas que se harán cargo de la basura.

Para evitar rebeliones, el Gobierno de Botello autorizó un incremento del 15% a los contratos.

Se supone que el jueves pasado, los representantes del Gobierno Municipal, entre ellos Otto Portugal,  presidente del Consejo del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), y la regidora Verónica García Barrios, se reunieron en un VIPS con los concesionarios locales, quienes según las autoridades, aceptaron el pacto.

Pero este lunes 31 de marzo, justo cuando concluían las concesiones, los empresarios de la basura se encargaron de difundir que no había acuerdo.

Lo hicieron mediante volantes distribuidos casa por casa y en las redes sociales, en donde explicaban que el Gobierno de Bárbara Botello los hacía a un lado para beneficiar a una empresa de Monterrey y que el costo del manejo de la basura se incrementaría en 300 millones de morlacos.

A la campaña se unió esa mañana el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, en el sentido de que se desprotegía a los concesionarios y se ponían en riesgo 500 empleos por beneficiar a “los amigos”.

Ling también dijo que su partido no tenía vínculo alguno con los concesionarios, pero la realidad es que mientras decía esto, a metros de la rueda de prensa, el diputado federal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asesoraba a los concesionarios.

Posteriormente el mismo legislador aceptaría su intervención en el tema marcando como favorito el twitt de Contrapunto News que así consignaba la jugada.

Fue a las 4 de la tarde cuando concluyeron las concesiones para los empresarios locales y, a las 4 con 30, las autoridades en la materia dieron una rueda de prensa para decir que el municipio se encargará de recoger la basura, pase lo que pase.

De hecho Norberto Origel Camacho, director del SIAP, dijo que el trabajo se hará con 70 camiones: 25 de concesionarios pequeños que aceptaron el trato temporal,  20 camiones propiedad del municipio y 25 tolvas de la Cámara de la Industria de la Construcción, más los contratistas de otros municipios que se vayan acumulando.

Origel Camacho advirtió que esto generaría un retraso en el servicio por espacio de cuatro horas, pero aseguró que el trabajo se haría a pesar de todo.

Se refería concretamente a la supuesta presión que las familias influyentes están aplicando a los pequeños contratistas que forman parte de una asociación, desde donde se les amenaza con hacerles efectivas pólizas de garantía y escrituras de inmuebles que alguna vez otorgaron como requisito a la organización.

Al respecto, la regidora Verónica García Barrios, dijo que es evidente que el PAN “está metiendo las gallas” en el asunto y culpó al dirigente municipal de ese partido, Alfredo Ling Altamirano, de orquestar una guerra sucia, en la que el único afectado es el ciudadano.

Por cierto, las autoridades piden a la banda paciencia con el servicio de limpia, porque será lento, hasta que se normalice a más tardar el próximo jueves.

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