En su interpretación del marco jurídico de las consultas ciudadanas, añadió que la amonestación por no cumplir con esa obligación puede ser la suspensión de los derechos ciudadanos durante un año.

“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La “autoridad electoral” nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos (…) Corrección: el artículo 35.I señala el derecho y el 36.III de la Constitución señala la obligación de votar. El 38.I, la sanción por no hacerlo”.

Así lo escribió en su cuenta de Twitter el también ex diputado de morena, quien se ha desempeñado como legislador federal desde 1979, hasta el 8 de noviembre del 2021 que fue instalado en la UIF tras perder la reelección en su distrito.